Derecho Administrativo

En mi despacho presto asesoramiento y defiendo tus intereses frente a cualquier Administración Pública en materias relacionadas con el derecho urbanístico, reclamaciones frente a la Administración, defensa en procedimientos sancionadores, expropiaciones y contratación pública.

Imagínate que estás interesado en optar a una licitación pública para proveer de bienes o prestar servicios a la Administración, o que has sido notificado de que tu parcela o terreno va a ser expropiado a cambio de un justiprecio ridículo.

Asimismo al adquirir una propiedad te interesa verificar que en el aspecto urbanístico ésta cumple con todas las exigencias técnicas preceptivas o que después de la aprobación de la reformas en materia de ordenación no ha quedado en situación irregular.

Urbanismo e Industria

La complejidad del Derecho Urbanístico nos recomienda contar con profesionales que nos asesoren con la suficiente antelación antes de adquirir parcelas o acometer obras de planeamiento o de construcción.

Asimismo si pretende adquirir locales de negocio o industria le recomendamos nos visite con objeto a tener garantía suficiente de que las correspondientes licencias estén en orden.

Sanciones y multas

Interponer los preceptivos recursos en forma y plazo condiciona la defensa de tus intereses frente a errores y abusos de la Administración.

 

Con este objeto, al recibir cualquier notificación de multa o sanción debes hacer valer tus legítimos intereses, contando para ello con asesoramiento y defensa legal desde el primer momento.

Reclamaciones

En determinadas ocasiones se producen hechos dañosos debido al mal funcionamiento de los servicios públicos, o por la aplicación indebida o interpretación irrazonable de las normas jurídicas, siempre en beneficio de la Administración, y contraviniendo con ello la ley.

Ante estas situaciones tendrías derecho a obtener la devolución de estas cuantías indebidamente pagadas o embargas, así como una indemnización justa y adecuada.

Sin la preceptiva y formal reclamación no existe obligación de la Administración a indemnizar, para lo cual cuente siempre con un abogado profesional y solvente.